JIMENEZ DE ASUA, LUIS / SALMERON VIDARTE, JUAN / RODRI
Castilblanco recoge los textos del informe del fiscal militar y de los discursos de la defensa que cuatro prestigiosos abogados socialistas, encabezados por Luis Jiménez de Asúa, pronunciaron en el consejo de guerra que se celebró en Badajoz en julio de 1933 contra veintidós jornaleros afiliados a la UGT y a la Casa del Pueblo, acusados por la muerte de los cuatro guardias civiles de la localidad, ocurrida el 31 de diciembre de 1931, al final de una manifestación pacífica que la intervención desmedida de las fuerzas del orden, por instigación del alcalde del pueblo que a la vez era el encargado de uno de los latifundistas del término municipal, convirtió en un linchamiento múltiple tras producir la muerte de uno y herir a otro de los manifestantes. Ante la singularidad de los hechos y la repercusión que podrían tener sobre la política agraria del Gobierno republicano, el PSOE designa como defensores a cuatro de los abogados más prestigiosos que tenía en sus filas. De la lectura de estos textos, a pesar de la retórica judicial, puede extraerse, además de la descripción de los hechos, el testimonio de las condiciones de la vida en el medio rural extremeño, en los años veinte y treinta, extensible a toda la meseta y Andalucía. Por lo que su valor historiográfico es indudable.
Fue catedrático de derecho penal, miembro del PSOE y una figura fundamental en la arena política española durante la dictadura de Primo de Rivera, la II República y el periodo del exilio de las instituciones republicanas. Tras encontrar la vocación en la investigación y la enseñanza del derecho penal, obtuvo la cátedra luego de doctorarse y realizar varias estancias de investigación en Europa. Al volver a España comenzó a luchar activamente contra la dictadura de Primo de Rivera, para posteriormente convertirse en diputado del PSOE durante las tres legislaturas del periodo republicano. A causa de su activo papel durante la II República, una vez que se consumó la instauración del régimen franquista se vio obligado a instalarse en Argentina, donde además de convertirse en una referencia internacional dentro del derecho penal, llegó a ser Presidente de la II República en el exilio, cargo que ostentó hasta el día de su muerte.
