En esta otra se pone de manifiesto la complejidad del Derecho penal y su aplicación, así como la disparidad de criterios que con frecuencia se dan entre la doctrina y la jurisprudencia. En cuanto al momento en que se interrumpe la prescripción del delito, teniendo en cuenta la frase establecida en el art. 132.2 del Código penal: «la prescripción se interrumpirá . .. cuando el procedimiento se dirija contra el culpable», las opiniones están encontradas. La jurisprudencia, tras establecer diversos criterios, parece consolidada en el sentido de que es suficiente la presentación de una querella o denuncia contra personas que aunque no estén nominalmente identificadas aparezcan perfectamente definidas. Por el contrario, la casi totalidad dé penalistas y procesalistas, entienden que no es suficiente la interposición de denuncia o querella, sino que es necesaria alguna actuación judicial dirigida contra el presunto culpable, entre ellas, la admisión a trámite de una u otra. En esta polémica hay que estar con la doctrina. Otra de las cuestiones que se plantean es la interrupción de la prescripción en los delitos contra la Hacienda Pública. La jurisprudencia es unánime en considerar que es a los cinco años, mientras que la mayoría de la doctrina se pronuncia por los cuatro, en base a que ese es el plazo establecido para la prescripción de la deuda tributaria. En este caso lo correcto es el criterio mantenido por la jurisprudencia. También se pone de manifiesto que la doctrina con demasiada frecuencia se aparta de la realidad. existe un esoterismo en la ciencia del Derecho penal en cuanto que algunos escriben para un grupo reducido, por lo que su esfuerzo tiene escasa utilidad para Jueces, Fiscales, Abogados, estudiantes y la población en general. De otra parte, los Jueces suelen carecer de tiempo suficiente para entrar en las polémicas doctrinales. La jurisprudencia tiende a marcarse su propio camino, y cada vez se aprecia una mayor aproximación a la tradición anglosajona, donde lo importante es la jurisprudencia.
