Estudio sobre Telecomunicaciones y Derecho de Consumo es una obra multidisciplinar que analiza el Derecho de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información tras las reformas introducidas por la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información, la Ley 32/2003, General de Telecomunicaciones, el RD 2296/2004 por el que se aprueba el Reglamento sobre Mercados de Comunicaciones Electrónicas, Acceso a las Redes y Numeración y el 424/2005 por el que se aprueba el Reglamento sobre las Condiciones para la Prestación de Servicios de Comunicaciones Electrónicas, el Servicio Universal y la Protección de los Usuarios. Bajo la dirección de Ángel Carrasco Perera y siempre desde la peculiar óptica del Derecho del Consumo, diversos profesores de Derecho civil y administrativo analizan el proceso de liberalización e instauración de la competencia en el mercado de las telecomunicaciones. Entre otros objetivos, la obra pretende clarificar los criterios de distribución de competencias entre las diversas Administraciones Públicas con atribuciones en materia de consumo, telecomunicaciones y sociedad de la información, así como exponer el régimen de protección y en ocasiones, las causas de la desprofección de los consumidores y usuarios de servicios de comunicaciones electrónicas y otros afines, como los servicios telefónicos de farificación adicional. Además, analiza el régimen jurídico de los contratos sobre infraestructuras y redes de telecomunicaciones (acceso, interconexión, acceso al bucle de abonado, coubicación de equipos y uso compartido de infraestructuras) y sus importantes implicaciones y efectos en relación a la protección de los usuarios. La relevancia de los contenidos, la experiencia de los autores, el rigor técnico y la claridad expositiva convierten a Estudio sobre Telecomunicaciones y Derecho del Consumo en una obra de referencia indispensable para todos aquellos que desarrollan su actividad profesional en el ámbito del consumo, las telecomunicaciones y la sociedad de la información en las Administraciones públicas, el sector empresarial o las asociaciones de consumidores y usuarios.
