CARRILLO, MARC
Las dictaduras no rehúyen el Derecho. Siempre lo han utilizado. Emulando otros ejemplos de los totalitarismos europeos, la dictadura franquista no fue una excepción. Se dotó de un sistema institucional dirigido a construir un Estado regido por un ordenamiento jurídico con la pretensión de legitimar un régimen surgido del golpe de estado contra la II República. El franquismo creó un Estado con Derecho, un Estado administrativo, pero en ningún caso un Estado de Derecho. A pesar de los esfuerzos de sus juristas apologetas que pretendieron aportar un cuerpo teórico tanto a su organización institucional como a la represión ejercida por leyes y tribunales.
Desde 1936 hasta la muerte del dictador en 1975, una parte de ese Derecho estaba formada por un amplio arsenal de disposiciones y jurisdicciones especiales concebidas para la represión del opositor político. Era su Derecho represivo. Junto al examen de la experiencia profesional de los abogados en el ejercicio del derecho de defensa, el libro estudia, desde la perspectiva jurídica, los diversos períodos represivos que jalonaron la larga dictadura, a través de la violencia ejercida sobre los ciudadanos y la represión de la lucha por la libertad.
Es catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat Pompeu Fabra y Diplôme d?Études Approfondies (DEA) por el Institut d?Études Politiques de París. Es autor de diversas monografías y artículos sobre Derecho Constitucional, en especial sobre el régimen jurídico de los derechos fundamentales y su sistema de garantías, así como acerca de la organización territorial del Estado. En los últimos años ha publicado la obra «Derechos fundamentales y pluralismo jurisdiccional» (2019). Sobre cuestiones relacionadas con la dictadura franquista, recientemente ha escrito «La memoria y la calidad democrática del Estado (Comentario a la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática)» (2022). Es profesor visitante en diversas universidades de Francia e Italia. Ha sido miembro de la Junta Electoral Central de España y del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya.
