CALAZA LÓPEZ, ALICIA
El Estado ha de velar, a través de todas sus instituciones, y con todas las energías de los profesionales que las integran, por la observancia de derechos fundamentales tan elementales como la dignidad de las personas, el libre desarrollo de la personalidad, el honor, la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. El debido respeto a todos estos derechos -de los que son acreedores, en régimen de igualdad, las personas mayores con necesidades especiales y/o con algún tipo de discapacidad inhabilitante- conlleva una necesaria apuesta por la creación de figuras o procedimientos asistenciales innovadores, modernos, integrales, a poder ser, públicos, y desde luego, adecuados a las necesidades individuales de los más desfavorecidos emocional y/o físicamente. En ausencia de tales mecanismos públicos de acción, y desde el ámbito de actuación de cada uno de los profesionales comprometidos, involucrados o, de cualquier modo, interesados en esta legítima pretensión de otorgar una vida digna a las personas en todos los tramos cronológicos de su vida (así, sin ánimo exhaustivo, médicos, psiquiatras, psicólogos, abogados, jueces, notarios, registradores e investigadores en general), hemos de procurar, siquiera sea en un marco estrictamente privado (que bien podría extrapolarse al público, con los matices y modulaciones que le sean propios, cuando, al fin, salgamos de esta crisis financiera) que los escasos mecanismos de asistencia integral de colectivos vulnerables, puestos a disposición de la ciudadanía se configuren con certeza, seguridad y precisión jurídica, se desenvuelvan adecuadamente y cumplan los fines para los que han sido creados. El desafío esencial de este trabajo reside, precisamente, en alcanzar la excelencia del contrato de alimentos, de su esencia, procedimiento y desenlace, así como de su funcionalidad, eficacia y virtualidad. Y ello con el noble objetivo de dotar, a las personas más vulnerables de nuestra sociedad, de un instrumento privado -ante la evidente ausencia de toda cobertura pública- que les permita vivir con dignidad, honorabilidad, libertad, seguridad y justicia hasta sus últimos días.
