El crédito como factor de financiación y valor económico transmisible desarrolla un relevante papel en nuestra economía de mercado, pudiendo ser objeto en el tráfico económico de distintas operaciones jurídicas que se articulan sobre el esquema negocial de la cesión de créditos. Las consecuencias del concurso de alguno de sus elementos personales, en particular, del cedente y del deudor cedido, constituye uno de los aspectos más destacados de su régimen jurídico. La D.A. 3ª de la Ley 1/1999 acerca de determinadas cesiones de créditos establece previsiones de naturaleza concursal, constituyendo el principal objetivo de esta monografía no sólo el estudio de su contenido, sino también el análisis de la filosofía y alcance de la norma y de la ubicación de las disposiciones concursales que contiene dentro de nuestro Derecho concursal, para poder determinar si se justifica el mantenimiento de su vigencia una vez que ya ha entrado en vigor la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. La nueva Ley incide en el régimen concursal aplicable a las cesiones de créditos, especialmente en lo que se refiere al régimen de reintegración de la masa activa del concurso de acreedores. La D.A. 2ª de la Ley Concursal declara aplicable a las entidades de crédito, como legislación especial, la D.A. 3ª de la Ley l/1999. Ello implicará la coexistencia, en materia de reintegración de la masa activa del concurso, de ambos regímenes normativos, aplicándose a las determinadas cesiones de créditos que cumplan los requisitos previstos en la D.A. 3ª de la Ley 1/1999 lo dispuesto en sus números 3 y 4, donde se contienen las pretendidas normas concursales especiales, y a las cesiones de créditos que queden fuera del ámbito de aplicación de dicha disposición, lo previsto en la Ley Concursal. También se ha evidenciado necesario, en relación con el estudio de dicho régimen concursal, analizar la debatida cuestión que se plantea en torno a la posibilidad lógicojurídica de ceder anticipadamente créditos futuros, cesiones que además dan lugar en la práctica a diversos problemas, en particular, en lo que atañe a su oponibilidad, a los que intenta dar solución la referida D.A. 3ª de la Ley 1/ 1999, de 5 de enero.
