Diccionario Jurídico Básico
Ortiz Sánchez, Mónica / Pérez Pino, Virginia
La constante adaptación a la normativa europea así como a las necesidades tecnológicas, sociales y económicas tienen como devenir necesario un proceso normativo integrador; por este motivo, desde 2010 hasta aproximadamente mayo de 2012, la proliferación legislativa ha sido de las más elevadas de las últimas legislaturas recurriéndose con asiduidad a la figura del Real Decreto-l...
Sinopsis
La constante adaptación a la normativa europea así como a las necesidades tecnológicas, sociales y económicas tienen como devenir necesario un proceso normativo integrador; por este motivo, desde 2010 hasta aproximadamente mayo de 2012, la proliferación legislativa ha sido de las más elevadas de las últimas legislaturas recurriéndose con asiduidad a la figura del Real Decreto-ley.
Desde la perspectiva del derecho civil, se destaca la Ley 20/2011, de 21 de julio, cuyo objeto es la ordenación jurídica del Registro Civil con la particularidad de actualizar el acceso de los hechos y actos que se hacen constar en el mismo y la publicidad y los efectos que se otorgan a su contenido. En la rama del derecho mercantil, es relevante el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que refunde la normativa vigente en materia de sociedad anónima, responsabilidad limitada y comanditaria por acciones. El texto suprime divergencias de expresión legal, unificando y actualizando la terminología.
En derecho penal, la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, introduce nuevas medidas denominadas «libertad vigilada» y la «localización permanente» y nuevos tipos delictivos como «trata de seres humanos»,«child grooming», «prostitución y corrupción de menores», «estafa de inversores» como modalidad del «delito de mercado y consumidores», «delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales?, «piratería».
En derecho administrativo, en materia de contratación se dicta Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad y se refunde la normativa vigente en materia de contratación del sector público, a través del Real Decreto-legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
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