El presente trabajo aborda una dimensión de la tutela judicial de los consumidores y usuarios que no había sido hasta ahora objeto de tratamiento en nuestro país: la celebración de transacciones colectivas como forma de poner fin a los procesos civiles en que se hayan ejercido acciones colectivas. Ésta es la forma habitual en que terminan la mayor parte de los procesos colectivos en otros países (sobre todo en Estados Unidos), pero en el nuestro no está expresamente regulada, lo que hace precisa una labor de interpretación normativa para justificar su viabilidad. El núcleo del problema está en hallar la fórmula para que un sujeto aquél que está ejerciendo una acción colectiva porque está legitimado para ello celebre una transacción respecto de derechos ajenos los de los consumidores en cuyo beneficio se incoó el proceso, de modo que lo acordado resulte vinculante para todos sin necesidad de asentimiento expreso por su parte. En la obra se analizan las diversas fórmulas existentes en el panorama comparado y se hacen propuestas para hacerlo posible en nuestro país, distinguiendo entre las acciones colectivas de cesación y aquéllas que tienen un contenido resarcitorio.
