La creciente preocupación por los efectos adversos de la publicidad falsa no deja de ser un fenómeno ligado al espectacular desarrollo de los mercados y de los medios de comunicación de masas. Al contrario de lo que se suele pensar, la irrupción del Derecho penal en esta materia no es un fenómeno reciente. Configurada como instrumento de protección de los intereses de comerciantes y fabricantes, la sanción penal ha estado presente en los ordenamientos jurídicos occidentales desde finales del siglo XIX. Como ocurre con muchas instituciones, la necesaria reinterpretación y adaptación del artículo 282 del Código penal español a las nuevas realidades no sólo cuestionan su aplicación, sino también su operatividad en el marco del actual mercado de intercambio de bienes y servicios, en el que el consumidor ha adquirido un protagonismo desconocido hasta la fecha.
