Esta obra constituye un acabado y completo manual de la parte general del Derecho Financiero y Tributario, incluido el análisis de los Presupuestos Generales del Estado, los aspectos generales de los tributos y prestando una especial atención a los procedimientos de aplicación de los mismos. También describe los caracteres esenciales de las principales figuras de nuestro sistema tributario y sus recíprocas relaciones. Como afirma en su prólogo el profesor FALCÓN y TELLA: «Estamos, en definitiva, no sólo ante un excelente manual, que será sin duda bienvenido en el ámbito académico y que tiene un especial mérito en un momento como el actual, en que acaba de producirse una completa REFORMA legislativa de la parte general de la asignatura, sino también ante un comentario riguroso y preciso de las nuevas Leyes Generales Presupuestaria y Tributaria, de ENORME utilidad en la práctica profesional». El libro, que comenzó a editarse, en efecto, cuando las citadas leyes generales comenzaban a aplicarse, procura analizar el profuso panorama normativo financiero con categorías jurídicas claras y precisas, evitando incurrir en citas y polémicas doctrinales, teniendo en cuenta el principal afán didáctico que lo mueve. La segunda edición, cerrada a 30 de junio de 2005, ha incorporado el estudio de los dos primeros reglamentos de desarrollo de la Ley General Tributaria que afectan al régimen sancionador tributario (RD 2063/2004, de 15 de octubre) y a la revisión de actos en vía administrativa (RD 520/2005, de 13 de mayo). Decisiones recientes de los tribunales se han tenido en cuenta y se ha ampliado la consideración de la doctrina constitucional con las oportunas referencias a sentencias sobre diversos temas de interés para el Derecho Financiero, como los principios rectores del deber de contribuir (SSTC 193 y 255/2004), el régimen financiero de las Comunidades Autónomas (SSTC 156 y 168/2004), lo que las Leyes de Presupuestos Generales del Estado pueden o no regular como «contenido eventual» (SSTC 34 y 82/2005), el derecho a no declarar contra sí mismo y las pruebas obtenidas en el procedimiento inspector (STC 18/2005), la interrupción de la prescripción penal (STC 63/2005) y la inviabilidad del fraude de ley tributaria para fundamentar condenas por delito fiscal (STC 120/2005), entre otros.
