Tras el Tratado de Amsterdam en octubre de 1997 en el que se incluye la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia entré los objetivos de la Unión, el Consejo Europeo de Tampere de 15 y 16 de octubre de 1996, en su interés por fortalecer la cooperación policial y judicial penal entre los Estados Europeos, considera como piedra angular de éste el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales. En este marco el Consejo de 13 y 14 de junio de 2002 aprueba la Decisión marco relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, como fórmula apta para romper con el mecanismo, político e intergubernamental, de la extradición, a través de un reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales que tiene por objeto el traslado forzoso de una persona de un Estado miembro a otro, sin que exista fase política previa, característica, por otra parte, del procedimiento extradicional. A la vista de la Decisión marco, España ha optado por regular la materia en una ley propia y específica, Ley 3/2003, de 14 de marzo, sobre la orden europea de detención y entrega, que entró en vigor el 18 de marzo de 2003. Sin duda, no parece necesario destacar lo novedoso de esta obra en cuanto es efectivo y real el funcionamiento en nuestro país de las órdenes de detención y entrega europeas. con ella se trata de facilitar la práctica diaria a los profesionales del derecho, tanto a los órganos jurisdiccionales que han de emitir cada día órdenes de detención, como a. los que la reciben, así como a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que han de proceder a su ejecución, y a los Abogados que actúen en estos procedimientos, sin olvidar al Ministerio Fiscal.
Raquel Castillejo Manzanares. Catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Santiago de Compostela
