Nota Preliminar.
Abreviaturas.
Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social (BOE n.º 245, de 11 de octubre de 2011)
Preámbulo.
Libro I. Parte General.
Título I. Del ejercicio de la potestad jurisdiccional.
Título II. De las partes procesales.
Título III. De la acumulación de acciones, procesos y recursos.
Título IV. De los actos procesales.
Título V. De la evitación del proceso.
Título VI. De los principios del proceso y de los deberes procesales.
Libro II. Del proceso ordinario y de las modalidades procesales.
Título I. Del proceso ordinario.
Título II. De las modalidades procesales.
Título III. De la audiencia al demandado rebelde.
Libro III. De los medios de impugnación.
Título I. De los recursos contra providencias, autos, diligencias de ordenación y decretos.
Título II. Del recurso de suplicación.
Título III. Del recurso de casación y demás procesos atribuidos al conocimiento del Tribunal Supremo.
Título IV. Del recurso de casación para la unificación de doctrina.
Título V. De las disposiciones comunes a los recursos de suplicación y casación.
Título VI. De la revisión de sentencias y laudos arbitrales firmes, y del proceso de error judicial.
Libro IV. De la ejecución de sentencias.
Título I. De la ejecución de sentencias y demás títulos ejecutivos.
Título II. De la ejecución provisional.
Disposiciones adicionales.
Disposiciones transitorias.
Disposición derogatoria.
Disposiciones finales.
Índice analítico.
La Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, Ley 36/2011, de 10 de octubre, constituye la norma procesal por excelencia del ámbito social. Las normas de procedimiento laboral se caracterizan por su agilidad, flexibilidad y capacidad de adaptación, y también por posibilitar una más rápida y eficaz resolución de conflictos, así como por las amplias potestades del juez o tribunal de dirección del proceso y la proximidad e inmediación de aquéllos respecto de las partes y del objeto litigioso. Aunque se mantiene la estructura de su antecesora, el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, consolidando con ello los principios rectores, distribución de reglas y la organización interna de la anterior, la nueva Ley Reguladora de la Jurisdicción Social desarrolla los mandatos constitucionales de tutela judicial efectiva y de seguridad jurídica para reforzarlos y adaptarlos a las particularidades de esta esfera del derecho, ofreciendo una mayor y mejor protección a los trabajadores y a los beneficiarios de la Seguridad Social, fortaleciendo la tutela judicial en un espacio vertebrador de la vida social y económica, al mismo tiempo que reforzando la seguridad jurídica del marco de encuentro entre los operadores sociales y económicos, así como en la actuación de las entidades u organismos gestores o colaboradores de las referidas prestaciones sociales.
La presente edición continúa aportando a los estudiosos de Derecho del Trabajo y de la Seguridad una norma actualizada, puntualmente anotada y concordada con otras disposiciones legales y reglamentarias. Destacan las puntualizaciones aclaratorias de los preceptos comentados, así como una amplia referencia a la jurisprudencia nacional más actualizada, pero también la incorporación de las decisiones judiciales más relevantes sobre la materia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
