Las políticas públicas se hallan en el centro de la acción de la administración en las democracias contemporáneas. Sus niveles de elaboración, implementación y evaluación se han multiplicado, puesto que, además del nivel estatal, existen políticas locales, regionales y, cada vez más, europeas. Esta variedad trasciende igualmente en los modelos estatales, como consecuencia de sus historias nacionales, culturas político-administrativas y referencias ideológicas. A su vez, las políticas públicas se extienden a nuevos ámbitos, ya que, además, de la sanidad, del empleo o de la actividad económica, dichas políticas pretenden solucionar nuevos problemas vinculados al medioambiente o a la inmigración.
Cada vez más, las políticas públicas pretenden reducir las desigualdades y hacer desaparecer las discriminaciones que afectan especialmente a ciertos colectivos y territorios. Las políticas de discriminación positiva, que consisten en dar más a los que tienen menos, quieren favorecer la diversidad social, cultural y sexual. Se generalizan con la diversidad creciente de la ciudadanía y la demanda de reconocimiento de distintos colectivos. Pero las políticas públicas son inconcebibles sin unas modalidades de evaluación. Asegurar una mejor gestión y dar cuenta de las cuentas públicas a los ciudadanos son imperativos indiscutibles en una sociedad democrática.
