En el proceso contencioso-administrativo, la ejecución de las sentencias ha sido desde siempre "según la Exposición de Motivos de la LJCA" una de sus «zonas grises». Por un lado, la Administración se muestra en demasiadas ocasiones hostil o renuente a ejecutar lo resuelto por los órganos judiciales. A ello se une, por otro lado, lo que, con benevolencia, se ha calificado por el Tribunal Constitucional como «pasividad o desfallecimiento de los órganos judiciales para adoptar las medidas necesarias que aseguren el cumplimiento de sus propios fallos» (p. ej., SSTC 1/1997 y 27/1999).
Para combatir estos males la LJCA ha puesto en manos del juez una serie de medidas coercitivas (tales como multas, remisión de tanto de culpa al fiscal, incremento del interés legal) que, aplicadas con rigor y firmeza, resultan muy eficaces a la hora de lograr la ejecución de las sentencias; sobre todo porque algunas de ellas permiten personalizar la ejecución en las autoridades, funcionarios o agentes incumplidores.
Esta monografía disecciona esas medidas de compulsión desde una visión deliberadamente práctica, con la intención de ofrecer útiles herramientas y soluciones efectivas a los problemas reales que se plantean en los tribunales. De ahí que la obra se encuentra aderezada con múltiples resoluciones judiciales aplicables a los supuestos examinados.
