Las transformaciones de la actual sociedad globalizada tienen una dimensión jurídica que también alcanza y determina el ejercicio de la función jurisdiccional por jueces internacionales, supranacionales y estatales. Esto explica la proliferación de tribunales internacionales y la decidida vocación internacional y supranacional de la mayoría de los jueces estatales como una respuesta a los retos de la globalización.
Así lo confirma de manera preclara la experiencia europea donde en las últimas cinco décadas se ha creado una estructura judicial, integrada por el Tribunal Europeo de Estrasburgo, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y por los tribunales nacionales, y que ha conducido a una mayor protección de los derechos de los ciudadanos y a un desarrollo político, económico y social más armonioso en ámbitos como el mercado común o el espacio europeo de libertad, seguridad y justicia. Cosmopolitismo judicial europeo que, sin embargo, contrasta con un emergente ?provincianismo? que es apreciable en conspicuos jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América.
A partir de estas experiencias y desde la perspectiva de un juez se analizan los principios de un ?cosmopolitismo judicial? fundado en la legitimidad de ejercicio del poder de los jueces, en la deferencia entre las distintas instancias judiciales implicadas y en la creación de contextos deliberativos judiciales comunes y autónomos, principalmente en Europa y en América. De este modo, el juez de la sociedad global se define por expresarse con el lenguaje común de los derechos fundamentales y por ejercer su poder sometido al más estricto control por otros jueces y, por tanto, en continuo diálogo con las distintas instancias nacionales, supranacionales o universales.
David Ordóñez Solís es magistrado de lo contencioso-administrativo, doctor en Derecho, licenciado especial en Derecho europeo por la Universidad de Bruselas y miembro del Team Europe desde su creación en 1988 y de la Red de Expertos en Derecho de la Unión Europea del Consejo General del Poder Judicial de España. Ha sido asesor jurídico del Principado de Asturias en asuntos europeos, profesor universitario de Derecho europeo y ha desarrollado una importante actividad docente en institutos de postgrado y ha pronunciado conferencias en España, Europa (Alemania, Francia, Bélgica y Portugal) y América (Argentina, República Dominicana, Bolivia, El Salvador y Paraguay). De sus numerosas publicaciones, incluidos más de cien artículos jurídico-doctrinales, destacan, entre otros, los siguientes libros: La ejecución del Derecho europeo en España (Civitas, Madrid, 1993), Fondos estructurales europeos (Marcial Pons, Madrid, 1997), La contratación pública en la Unión Europea (Aranzadi, Navarra, 2002), Jueces, Derecho y Política (Aranzadi, 2004), Administraciones, ayudas de Estado y fondos europeos (Bosch, Barcelona, 2006), La protección judicial de los derechos fundamentales de solidaridad (Comares, Granada, 2006), El estatuto administrativo de los extranjeros en España en clave judicial (Reus, Madrid, 2008) y El cosmopolitismo judicial en una sociedad (Thomson-Reuters, Navarra, 2008). Es estrecho colaborador de las más importantes Revistas jurídicas españolas especializadas en Derecho europeo y, en particular, es miembro del Consejo de redacción de la Gaceta Jurídica de la UE y de la Competencia (Wolters-Kluwer, Madrid) y de la Revista Aranzadi Unión Europea (Thomson-Aranzadi, Navarra), así como coordinador de numerosos monográficos de la Revista Noticias de la Unión Europea sobre los fondos europeos (2004), la Constitución europea (2005) o el Tratado de Lisboa (2009). Ha sido galardonado con varios premios de ensayo jurídico y con becas de investigación de postgrado que se han plasmado en sendos libros: de la Fundación Asturias, en materia sindical europea (1994); del Consejo General del Poder Judicial y del Instituto de la Mujer sobre la igualdad de sexos en la Unión Europea (1999); de la Intervención General de la Administración del Estado, sobre control financiero de fondos europeos (2000); del Consejo General del Poder Judicial y de la Fundación Wellington, sobre intervenciones públicas y mercado interior europeo (2004); o del Comité Iberoamericano de Ética Judicial, con un estudio titulado: La independencia judicial en clave ética: la confianza de una sociedad democrática en sus jueces (2009).
